La Administración Pública no tendrá que cumplir la nueva ‘Ley de los tres minutos’
- hace 2 años
Seguro que todos nosotros hemos sufrido abusos de empresas privadas que, cuando les llamamos, nos tienen en interminables esperas y nos acaba atendiendo un contestador que no soluciona nuestro problema.
El Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón, quiere regular esto y ya se ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Atención a la Clientela, lo que se conoce como la ‘ley de los tres minutos’. El Gobierno limitará a un tiempo máximo de tres minutos la espera de los usuarios que llamen a empresas buscando información, para reclamaciones o servicios de posventa. La normativa también prohíbe que solo nos atiendan robots automatizados.
Y, hasta aquí, todo muy bien; pero el problema es que esta ley será insuficiente para el ciudadano, y muy demagógica por parte del Gobierno, porque el Ministerio de Consumo ha excluido a la Administración Pública de esa obligación legal cuando entre en vigor. Es decir, que algunos organismos esenciales en la vida de los ciudadanos como pueden ser el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, o incluso un hospital público, no estarán obligados a atender nuestras llamadas en esos tres minutos, ni a que sea una persona real quien responda el teléfono; tampoco tendrán que dejar constancia de una reclamación ni, por tanto, asumirla.
De los organismos públicos, solo estarán obligados a cumplir la nueva ‘ley de los tres minutos’ los que presten servicios de interés general cuando exista una relación de consumo entre Administración y usuario, como Renfe o Correos, por ejemplo.
No tiene ni pies ni cabeza que la Administración quede exenta porque muchos de sus servicios de atención al cliente son muy deficientes.
El Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón, quiere regular esto y ya se ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Atención a la Clientela, lo que se conoce como la ‘ley de los tres minutos’. El Gobierno limitará a un tiempo máximo de tres minutos la espera de los usuarios que llamen a empresas buscando información, para reclamaciones o servicios de posventa. La normativa también prohíbe que solo nos atiendan robots automatizados.
Y, hasta aquí, todo muy bien; pero el problema es que esta ley será insuficiente para el ciudadano, y muy demagógica por parte del Gobierno, porque el Ministerio de Consumo ha excluido a la Administración Pública de esa obligación legal cuando entre en vigor. Es decir, que algunos organismos esenciales en la vida de los ciudadanos como pueden ser el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria, o incluso un hospital público, no estarán obligados a atender nuestras llamadas en esos tres minutos, ni a que sea una persona real quien responda el teléfono; tampoco tendrán que dejar constancia de una reclamación ni, por tanto, asumirla.
De los organismos públicos, solo estarán obligados a cumplir la nueva ‘ley de los tres minutos’ los que presten servicios de interés general cuando exista una relación de consumo entre Administración y usuario, como Renfe o Correos, por ejemplo.
No tiene ni pies ni cabeza que la Administración quede exenta porque muchos de sus servicios de atención al cliente son muy deficientes.